El 22 de mayo de 2026 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual y se abroga la Ley Federal de Cinematografía”.

La nueva ley tiene como objetivo fortalecer el acceso a la cultura y la participación en la vida cinematográfica y audiovisual del país, incorporando un enfoque de derechos culturales, libertad creativa y preservación del patrimonio audiovisual, así como ampliar y robustecer los mecanismos de fomento a la industria cinematográfica y audiovisual en México.

Entre los cambios más relevantes, se amplía el alcance regulatorio al incorporar el concepto de “obra audiovisual”, más allá de la obra cinematográfica tradicional, así como la inclusión expresa de plataformas de video bajo demanda y servicios de streaming dentro del ecosistema regulado. En este sentido, la ley establece obligaciones específicas para estos servicios, incluyendo el deber de mantener una sección visible dedicada al cine mexicano, incorporando además opciones de exhibición y accesibilidad en lenguas nacionales.

En materia de exhibición cinematográfica, la ley introduce una cuota mínima de pantalla del 10% para producciones nacionales, así como un tiempo mínimo de permanencia en cartelera de 14 días, con el objetivo de fortalecer la presencia y circulación del cine mexicano en salas de exhibición.

Asimismo, el nuevo marco legal refuerza los mecanismos de fomento, preservación y resguardo del patrimonio audiovisual. Entre otros aspectos, se faculta al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para administrar fondos públicos destinados al desarrollo del sector, con protección frente a reducciones presupuestales y con apoyo de un Consejo Asesor. Adicionalmente, se incorpora la obligación de depositar copias de las obras audiovisuales en la Cineteca Nacional, fortaleciendo así la conservación y archivo del patrimonio cinematográfico y audiovisual del país.

También se introducen ajustes operativos relevantes, incluyendo modificaciones en la medición del tiempo de exhibición, así como la incorporación de obligaciones laborales expresas para productores y otros participantes en la cadena de producción audiovisual.

Ante este nuevo marco regulatorio, será importante que las empresas del sector audiovisual evalúen el impacto de estas disposiciones en sus modelos de producción, estructuras de financiamiento, estrategias de distribución, cumplimiento regulatorio y operación de plataformas digitales, particularmente en lo relativo a exhibición y acceso a estímulos.

En OLIVARES podemos apoyarlos con asesoría respecto de los impactos legales, regulatorios y operativos de esta nueva ley para la industria audiovisual, incluyendo la revisión de estructuras de producción, cumplimiento normativo, estrategias de distribución, operación de plataformas digitales y acceso a incentivos y mecanismos de fomento.